El Tribunal Supremo (TS) ha revocado el archivo acordado por la Audiencia Providencial de Barcelona respecto a tres personas que estaban ya encausadas por publicar en Twitter fotografías y textos que permitían identificar a una Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) que había declarado como testigo protegido en el juicio del ‘procés’.

De esta forma, la Sala de lo Penal ha estimado los recursos de casación que presentó la Abogacía del Estado, en representación de esta LAJ, para revertir la decisión de la Audiencia de Barcelona de acordar el sobreseimiento libre de estas causas por considerar que los hechos no eran constitutivos de delito.

La Audiencia Provincial corrigió así al Juzgado de Instrucción Número 16 de Barcelona, que había procesado a estas tres personas por entender que los hechos investigados sí revestían los caracteres de posibles delitos contra la administración de justicia y/o injurias.

Ahora, la Sala Segunda da la razón al juez instructor al afirmar que “resulta razonable considerar que los hechos atribuidos al imputado presentan, provisionalmente, carácter delictivo”.

No obstante, el Supremo subraya que la valoración jurídica de los hechos dependerá de las calificaciones provisionales de las acusaciones, sin perjuicio del control que corresponde al juez instructor al dictar, en su caso si procede, el auto de apertura del juicio oral.