La primera dama de Perú, Lilia Paredes, ha acudido a declarar a la Comisión de Fiscalización del Congreso, tal y como se le demandó, para responder por los supuestos delitos de usurpación de funciones y tráfico de influencias cometidos por su hermana, Yenifer Paredes, aunque se ha acogido a su derecho a no declarar.

“Me abstengo totalmente de declarar”, ha respondido así en varias ocasiones a las preguntas formuladas por los diputados de la oposición, a los que ha recordado que ya rindió declaración el pasado 8 de julio ante la Fiscalía. “Pueden pedir una copia, ahí están todas las preguntas”, ha zanjado.

Ante la insistencia de la comisión, la esposa del presidente, Pedro Castillo, ha explicado que su comparecencia se ha debido a su “obligación de venir a cumplir con esto”, pero bajo recomendación de su abogado, se abstiene de declarar.

“Perú entero quiere escucharla a ella, no quiere escuchar las recomendaciones que le ha dado su abogado”, ha protestado la diputada ‘fujimorista’ Nilza Chacon, al igual que su compañero de bancada, Arturo Alegría, quien le ha pedido a Paredes que haga caso “a los miles de peruanos que esperan respuesta” y no a su abogado.

En hora y media, Paredes se ha ventilado una comisión propuesta para que respondiera por el caso que su hermana tiene abierto en la Fiscalía por supuestos delitos de usurpación de funciones, tráfico de influencia y colusión agravada, después de que se hicieran públicas unas imágenes en la prensa peruana en la que supuestamente estaría ofreciendo contratos públicos sin licitación.

En aquel vídeo, Yenifer Paredes estaría ofreciendo una obra de saneamiento al poblado de La Succha, distrito de San Miguel, en Cajamarca, región de la que es oriundo Castillo. Según se ve en las imágenes, ella comunica a los que allí viven que necesita censarles porque “el perfil de su proyecto ya está aprobado”.

Como consecuencia de estas imágenes, un periodista de la cadena América TV, la misma que publicó reportaje, denunció hace una semana haber sido secuestrado junto al cámara por las rondas campesinas cuando pretendían tomar declaración a los habitantes de esta región situada en el noroeste de Perú.

La cadena sostiene que las rondas campesinas obligaron a pedir disculpas públicas a los retenidos ya que en caso contrario “sus vidas estaban en riesgo”. Por ello, decidieron interrumpir la programación habitual y dar paso por teléfono al reportero Eduardo Quispe que leyó “obligado” un texto que le fue dictado.

Durante la lectura Quispe relataba que aquel reportaje suponía “una imputación falsa”, por lo que era menester rectificar para “no hacer daño al Gobierno central y a sus familiares” y pedir perdón “a nivel nacional por actuar no de acuerdo a la verdad”.